La Alianza Clima y Desarrollo, a través de la Fundación Futuro Latinoamericano, es una de las más de 330 organizaciones de 16 países de América Latina que se unen en pro de una reactivación económica pos COVID-19 transformadora. Para estas organizaciones es urgente que los paquetes de estimulo atiendan la crisis climática, de biodiversidad, así como las brechas sociales.

Invitamos a redes, organizaciones y personas de América Latina y el Caribe a unirse a este movimiento, que busca promover un discurso público que enfatice en la necesidad de una reactivación transformadora y que incida en las decisiones de los gobernantes de nuestra región.

Pronunciamiento

La actual crisis sanitaria que afecta a todos los países del mundo no es la única crisis a la que hoy se enfrenta la humanidad. Desde hace décadas somos testigos de los efectos del cambio en los patrones del clima y la pérdida de biodiversidad, a escala local, regional y global, con impactos muy negativos que se han traducido en grandes pérdidas materiales y de vidas humanas.

Si a dichas crisis, que hasta ahora han sido ignoradas, añadimos sociedades establecidas sobre la base de grandes desigualdades sociales y territoriales, y sistemas productivos que, en general, no priorizan aspectos de sostenibilidad, estamos frente a una bomba de tiempo que podría conducir a escenarios tan o más catastróficos a los actuales.

La pandemia ha dejado en evidencia los vínculos intrínsecos entre la naturaleza, el clima, la sociedad humana y la economía, y nos hace conscientes de la estrecha relación existente entre la salud de planeta y la salud de los seres humanos. También ha revelado que escuchar a la ciencia es necesario y urgente.

Asimismo, en solo cuestión de semanas la crisis sanitaria mundial ha demostrado que sí es posible modificar los patrones de explotación, producción, distribución y consumo del actual modelo de desarrollo global, habiendo recibido el planeta un merecido respiro, que será sólo temporal si no se realizan cambios sustanciales.

Como pocas regiones en el mundo, América Latina y el Caribe (ALC) está en un momento crucial y único para redefinir colectivamente el futuro que queremos. Es necesario aprovechar esta pausa para evaluar y diseñar sistemas sociales más justos y amables con el medio ambiente, rescatando saberes y prácticas ancestrales de nuestros pueblos, que permitan avanzar en una senda de desarrollo más justa y en armonía con los límites planetarios, y promuevan el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza.

Resulta imperativo establecer medidas sinérgicas entre las agendas climáticas, de biodiversidad y desarrollo, para emprender cambios transformadores en los diversos sectores de la sociedad y así establecer un sistema socioeconómico equitativo y de baja intensidad de carbono.

Las urgencias a corto plazo para afrontar el COVID-19 y sus efectos, no deben pasar por alto las oportunidades para lograr objetivos a más largo plazo, en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de Escazú (firmado por 22 países de ALC, a punto de entrar en vigor), el Convenio de Biodiversidad y el Acuerdo de París para combatir el Cambio Climático. Por ello, es urgente crear paquetes de estímulo que aseguren la sostenibilidad y resiliencia de los pueblos y ecosistemas, y contribuyan a emprender un nuevo rumbo.

De igual forma, los gobiernos de la región no deben perder de vista que sus respuestas deberán: a) tener una visión latinoamericana; b) promover cambios transformadores en sintonía con los ODS; c) fortalecer la autonomía y cohesión del territorio; d) ser inclusivas y focalizadas en grupos vulnerables, con perspectiva de género; e) promover la sostenibilidad y transparencia; f) tener una visión sistémica; e) promover una reconstrucción valórica y, f) abogar por los derechos humanos, la justicia y equidad; g) incidir en la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú para su entrada en vigor.

Las instituciones firmantes representantes de la sociedad civil, sector privado, academia y gobiernos subnacionales de América Latina y el Caribe, hacen un llamado a los gobiernos de la región para:

1. Modelo económico /Desarrollo sostenible:

Alinear los flujos financieros públicos y privados hacia oportunidades de inversión rentables y sostenibles, que generen empleo, garanticen el bienestar humano, logren reducciones rápidas de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), reduzcan las pérdidas de biodiversidad y promuevan la recuperación de la naturaleza, con énfasis en los siguientes sectores: a) Salud; b) Energía limpia; c) Producción local y sostenible de alimentos, con promoción de cadenas cortas de distribución; d) Desarrollo urbano sostenible y resiliente; y e) Ambiente. Establecer reformas fiscales que promuevan la eliminación gradual de los subsidios que son perjudiciales para el ambiente, apuntando a la descarbonización de la economía de toda la región de ALC para el año 2050 y a una transición energética justa. Establecer y promover nuevos indicadores de bienestar, que reconozcan la idiosincrasia regional y los retos del PIB para medir la prosperidad, el desarrollo y la salud general de la población y los ecosistemas.

2. Desarrollo social incluyente, equitativo y resiliente:

Diseñar e implementar soluciones basadas en la naturaleza para proteger; gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados, con el fin de abordar los desafíos sociales que incluyen la seguridad del agua, la seguridad alimentaria, la salud humana, la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático.

Enfocar el rescate y paquetes de estímulo al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y familiar (campesinado, pequeñas y medianas empresas) y a establecer condiciones claras para el apoyo a determinadas industrias o empresas cuya operación sea prioritaria para garantizar el bienestar de la población (considerando los sectores ya mencionados), a fin de asegurar el resguardo ambiental y de los compromisos climáticos, evitando también despidos masivos.

Fortalecer los sistemas democráticos a fin de asegurar legitimidad a las medidas y programas a implementar, con plena participación de la ciencia y la sociedad civil en la toma de decisiones. Generar nuevas fuentes de empleo, promoviendo la equidad, inclusión, justicia social y erradicación de la pobreza, mientras se detiene y revierte la pérdida de biodiversidad y se hace frente a la crisis climática. Complementariamente a la mejora a los servicios de salud y su acceso universal, asegurar las condiciones sanitarias debidamente apropiadas, y garantizar el acceso al agua en condiciones de calidad, cantidad y continuidad requeridas para la asegurar la salud y el bienestar de la población. Asimismo, asegurar el acceso a las tecnologías apropiadas y el acceso universal a internet para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos de educación, salud y empleo.

Impulsar la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú.

3. Cambio climático y actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC):

Continuar sin retraso, a través de procesos participativos, la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) a ser presentadas en 2020, con metas de mitigación y adaptación más ambiciosas que contribuyan a alinear al mundo a la trayectoria de 1.5°C sugerida por la ciencia; con sustento científico, fortaleciendo el rol de la naturaleza y se basen en mecanismos de transparencia y claridad para su financiamiento e implementación.

4. Biodiversidad:

Impulsar y adoptar un marco global para la biodiversidad Post 2020 en el marco del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) que contenga compromisos ambiciosos que aseguren la reversión de los procesos de pérdida de naturaleza y degradación de los ecosistemas y hábitats. Aumentar la ambición y el alcance de los programas de conservación de la naturaleza, restauración y gestión sostenible, revalorizando y fortaleciendo el conocimiento y el involucramiento de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales.

5. Visión a largo plazo:

Consensuar y aprobar estrategias de largo plazo que definan la visión país al 2050 para asegurar una economía con emisiones “netas-cero” de carbono, resiliente al cambio climático y que incluya consideraciones sociales que promuevan la igualdad, la integración, la transición justa y la cohesión social.

Impulsar y liderar la búsqueda del consenso para generar un nuevo acuerdo por la naturaleza y las personas. Necesitamos una rápida y profunda transformación para asegurar un futuro sostenible, justo y resiliente en América Latina y el Caribe, que solo puede lograrse implementando acciones contundentes, que tengan el potencial de proteger la biodiversidad, hacer frente a la crisis climática y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, creando empleos, garantizando el acceso a servicios básicos, limpiando el aire que respiramos y haciendo a nuestras ciudades más vivibles y disfrutables. Por ello, es imperante priorizar estos criterios dentro los paquetes de recuperación post COVID-19, para evitar una crisis mayor de la cual no haya retorno.

Los gobiernos de la región pueden estar seguros de que nuestro llamado va a la par de nuestro apoyo y compromiso. Las organizaciones firmantes continuaremos trabajando desde nuestros propios frentes y articulando esfuerzos coordinados para materializar acciones individuales y colaborativas que nos lleven al futuro que deseamos.