En este artículo varios autores reflexionan sobre los resultados de la COP25 en Madrid, y hacen hincapié en la importancia de la justicia de género para avanzar sobre acciones climáticas. También se menciona  el evento paralelo  realizado por expertos de género de Ecuador y Perú  y la importancia de intercambiar experiencias  en la región.

El 2019 marcó un antes y un después en la conciencia social sobre la crisis climática.

Fue un año de movilizaciones globales por el derecho a un futuro climáticamente estable. Centenas de ciudades, empresas y organizaciones han declarado la emergencia climática y 121 países manifestaron su intención de avanzar hacia la carbono neutralidad al 2050. Pero, en el otro extremo, en el 2019, incendios sin precedentes arrasaron con bosques de Sudamérica y otras partes del mundo, al tiempo que temperaturas récord se registraron en todo el planeta. Además, Estados Unidos formalizó su pedido de salida del Acuerdo de París. Y, mientras tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando.

La Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático prometía ambición, pero no logró su objetivo. Después de una negociación que se extendió por 44 horas más de lo programado, los países no alcanzaron acuerdos en temas críticos para avanzar en la reglamentación del Acuerdo de París. La COP25, que originalmente sería en Brasil, luego en Chile y, finalmente, se trasladó a España, dejó tras de sí cuestionamientos sobre el sistema multilateral, que si bien es necesario para el abordaje de la crisis climática, todavía no avanza a la velocidad que la urgencia requiere.

Los resultados de la COP han sido recibidos por muchos con ánimos de decepción. Pero también hubo signos de esperanza para quienes estuvieron en diciembre en Madrid. Fuera de las salas de negociaciones, en las calles, en los pasillos y en las salas de reuniones de la Feria de Madrid (IFEMA), la sede de la COP, sociedad civil, comunidad científica, gobiernos locales, mujeres, indígenas y jóvenes, han debatido, demandado, propuesto y articulado soluciones para la crisis climática.

Sombras de la COP25

El 26 de noviembre se publicó la nueva edición del Informe sobre la Brecha de Emisiones 2019, una evaluación anual por el el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, sobre el estado de las emisiones en el mundo en relación con las metas que establece el Acuerdo de París.

https://youtu.be/HmZw8Kmv89U

El reporte dejó en evidencia que la humanidad está peligrosamente cerca de fallar en limitar el calentamiento global 2 grados Celsius (que es la meta del Acuerdo de París) y, más aún, en 1,5 grados (la meta ideal consensuada por la comunidad científica). Si se cumplieran los compromisos actuales presentados en el marco del Acuerdo de París, la temperatura media global aumentaría en 3,2 grados. Para alinear los compromisos con la meta de 1,5 grados, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse a 25 gigatoneladas anuales para el 2030. No obstante, si el ritmo actual continúa, las emisiones al 2030 serán de 56 gigatoneladas. El mundo debe descarbonizarse a una velocidad de 7,6% anual para alcanzar la meta. Si no actúa ahora, para el 2025 la tasa de descarbonización deberá alcanzar el 15,4% anual. Y, en este punto, la meta del Acuerdo de París será prácticamente inalcanzable.

Los puntos claves donde no se pudo avanzar debidamente fueron:

Ambición de acciones climática. Por esta necesidad de cambiar drástica e inmediatamente la trayectoria de emisiones, la COP25 se presentó como la COP de la ambición. Profesionales de la ciencia, sociedad civil y algunos países esperaban que la COP estableciera una fecha para revisar y aumentar los compromisos, reflejados en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés). Uno de los ejes a los que apunta el lema de “aumentar la ambición”, que resonó con fuerza en este 2019, tiene que ver con lograr que los países alineen sus compromisos con la meta del Acuerdo de París. Sin embargo, este fue uno de los puntos álgidos de las discusiones, ya que algunos países argumentaron que se debía respetar la soberanía nacional para decidir sobre los compromisos climáticos. Finalmente, si bien el texto aprobado urge a los países a abordar la brecha de emisiones de forma consistente con la meta del Acuerdo, no establece mecanismos concretos a la vez que utiliza un lenguaje que muchos consideran insuficiente.

Financiamiento de las pérdidas y los daños. Este ha sido un tema de discusión por lo menos desde 2013, cuando se estableció el Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM por sus siglas en inglés) con el objetivo de hacer frente a las pérdidas (es decir, los impactos irreversibles del cambio climático) y los daños (que son aquellos impactos en los que todavía es posible realizar algún grado de reparación). Desde entonces, la cuestión del financiamiento ha trabado la implementación de este mecanismo y ha estado sometida a una disputa entre los países más vulnerables, que exigen el aumento de los recursos financieros y tecnológicos, y los países de renta alta, que buscan evitar aportar esos recursos.

La Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) reafirmó su posición, en palabras del Ministro de Ambiente de Belice, Omar Figueroa: “Las pérdidas y los daños suponen un problema existencial para nosotros. Necesitamos un financiamiento claro, predecible y accesible que nos permita realmente compensar las pérdidas y los daños que muchas de nuestras naciones hermanas están sufriendo”. Estados Unidos fue el gran opositor a otorgar compensaciones, pero tuvo apoyo de la Unión Europea, Australia y Canadá. El resultado final de las negociaciones sobre este punto fue un texto que, por un lado, urge la acción y el apoyo a los países más vulnerables, con financiamiento, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades, para hacer frente a las pérdidas y los daños. Pero, por otro lado, no especifica mecanismos de financiamiento ni tampoco establece que los países desarrollados sean la fuente de ese financiamiento.

Mercado de carbono está previsto en el Acuerdo de París. No obstante, todavía queda por definir su reglamentación y este fue otro de los grandes temas que quedaron sin resolver en esta COP. ¿Por qué? Porque un reglamento inadecuado podría poner en riesgo la integridad del propio Acuerdo de París. En principio, el mercado de carbono permite a los países vender créditos por reducción de emisiones a otros que los necesiten para alcanzar sus metas nacionales. En tal caso, el país que vendiera créditos no podría considerar esa reducción de emisiones como propia y no debería contarla como parte de sus metas de mitigación. Y aquí radica el problema fundamental: una reglamentación poco clara podría abrir las puertas al llamado conteo doble, es decir, que dos países, el vendedor y el comprador, contabilicen como propia la misma reducción de emisiones. La mayoría de los países está de acuerdo en que el reglamento debe impedir que esto ocurra. No obstante, otros han promovido la adopción de un reglamento que deje las puertas abiertas al conteo doble y, ante el peligro inminente que esto supone, finalmente se decidió retomar las discusiones el año próximo, en la COP26 en Glasgow. En palabras de Joe Thwaites, experto en finanzas climáticas del World Resources Institute, “la falta de acuerdo es mejor que un mal acuerdo”.

La justicia de género es el camino

Según Pilar Bueno, Co-Presidenta Comité de Adaptación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, “cualquier planificación de adaptación tiene que partir de la perspectiva de diversos enfoques a partir de una dinámica participativa y utilizar las Soluciones Basadas en la Naturaleza, las soluciones basadas en el género y los saberes tradicionales de forma transversal”. En este sentido, América Latina tiene un gran potencial para alcanzar sus metas de mitigación y adaptación, ya que es una región abundante en recursos naturales y culturalmente diversa. Pero, a la vez, es una región atravesada por la inequidad, en la que los derechos humanos no están garantizados, en especial de los pueblos indígenas y las mujeres.

Ninguna transformación es posible si no se hace sobre la base de la equidad y con un enfoque de derechos humanos. En este sentido, la COP25 mostró algunos avances en cuanto a la inclusión de estos parámetros como mandatos obligatorios para los países. Uno de los avances concretos fue la renovación del Plan de Acción de Género, que también corrió el riesgo de naufragar hasta el último momento. Pero, gracias a la gestión de grupos feministas, como Women and Gender Constituency (WGC), finalmente se aprobó un nuevo texto que incluye menciones concretas a los “derechos humanos” y a una “transición justa”. Y, además, el Plan de Acción de Género fue tomado en las negociaciones paralelas del Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés), que prevé mecanismos específicamente orientados a financiarlo.

Las mujeres son agentes de la transformación. Así como sufren impactos diferenciados por el hecho de ser mujeres, también llevan adelante una lucha que, en última instancia, contempla los derechos humanos en su totalidad y promueve la transformación sistémica. Las mujeres son típicamente las poseedoras y las transmisoras del conocimiento ancestral. Son las que conocen el territorio, las que seleccionan semillas, las que proveen el agua. Son las que se oponen al extractivismo. Las que cuidan las comunidades, las familias, las generaciones futuras. La agricultura de subsistencia está principalmente a cargo de las mujeres, y por eso ellas implementan las prácticas agroecológicas, conocen los ciclos del suelo, del agua y del clima. Mujeres rurales del mundo están implementando nuevas formas de tenencia de la tierra, a pesar de tener limitado su acceso a la tierra justamente por ser mujeres. Las mujeres son la columna vertebral de las luchas ambientales y sociales y lideran miles de movilizaciones en defensa de los territorios. El movimiento global de jóvenes por el clima es liderado por adolescentes mujeres.

Según un comunicado publicado por el WGC, la renovación del Plan de Acción de Género fue un acierto, pero no se puede considerar como una victoria. Todavía falta avanzar en términos de definir objetivos e indicadores para el monitoreo de la implementación del plan. También es necesario profundizar en la comprensión sobre cómo las identidades no binarias son afectadas por el cambio climático, a la vez que la gente, desde esas identidades, mitiga y construye resiliencia. Además, el WGC reconoce que ninguna acción real en términos de justicia de género es posible si no se avanza en la implementación del Acuerdo de París. “El Plan de Acción de Género es una herramienta para avanzar sobre la equidad de género y la acción climática. Pero la equidad de género no se limita al Plan de Acción”.

Osprey Orielle Lake, Fundadora y Directora Ejecutiva de Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN), en conferencia de prensa afirmó que “es importante destacar que la violencia contra la tierra está directamente relacionada con la violencia contra las mujeres. Y que el paradigma patriarcal dominante, de colonización, racismo y capitalismo depredador, está basado en el poder y la explotación de las mujeres, la tierra y las personas negras, y necesitamos exponer las intersecciones que existen entre estas opresiones”.

La equidad de género es justicia social y ambiental. Contempla la visión de los pueblos indígenas y busca preservar y promover el conocimiento ancestral. Es un enfoque integral, que incluye mitigación y adaptación como un todo, y que está íntimamente vinculado con las soluciones basadas en la naturaleza. Por esto, a pesar de la frustración que dejan las negociaciones, la COP25 fue un espacio que expuso la fuerza que están adquiriendo estos movimientos, que no solo denuncian un sistema opresor, sino que traen soluciones concretas a la mesa. Porque, en palabras de Jacqueline Ávila Vilca, mujer indígena y Directora del Consejo de Mujeres Licanantay de San Pedro de Atacama: “Nosotros no somos pueblos indígenas defendiendo la naturaleza. Somos la naturaleza defendiéndose”.

Compartiendo experiencias sobre cómo incorporar el enfoque de género en las políticas públicas en América Latina

En ese contexto, el miércoles 11 de diciembre del 2019 se llevó a cabo el Evento Paralelo “Incorporando los enfoques de género, intercultural e intergeneracional en la acción climática”, en el Pabellón del Programa Euroclima+. El Evento, tuvo por objetivo difundir y dialogar sobre la experiencia peruana y de la región en la incorporación de los enfoques transversales (género, intercultural, intergeneracional) en la acción climática, observando la implementación de éstos en todo el ciclo de la política pública.

Durante el evento se contó la presencia de una mesa plural y diversa, atendiendo así a los enfoques transversales, y mostrando el compromiso que tiene el Perú. El evento estuvo moderado por Patricia Velasco de Alianza Clima y Desarrollo (CDKN). Se inició con una ponencia de Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente del Perú, quien explicó las dimensiones en que el país viene incorporando los enfoques transversales y la importancia que tiene en la eficacia y eficiencia de políticas. 

Seguidamente, para comentar la incorporación de los enfoques en los procesos participativos, Ángela Acevedo, Viceministra de Interculturalidad, Ministerio de Cultura, y Wilder Sánchez, presidente de la Confederación Campesina del Perú (CCP) expusieron sus percepciones sobre la Consulta Previa del Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático, mostrando cómo se han elevado estándares y se han logrado concretar los enfoques en los espacios participativos; así como los nuevos retos generados para las mismas organizaciones indígenas.

Se compartió la visión desde la cooperación internacional, es así que Ana Terrón, Directora General de FIAPP, comentó sobre la importancia que tiene la apuesta de los enfoques transversales para las agencias de cooperación y proyectos, considerando que la incorporación de estos son acciones espacios de interaprendizaje permanente entre países de todas las latitudes.

Finalmente, María Inés Rivadeneira, Especialista de Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Ministerio del Ambiente de Ecuador, y Jessica Huertas, Especialista de Género de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente, sobre las experiencias en cada país, realizaron una reflexión sobre los retos operativos y el cambio de paradigma que implican el incorporar e interiorizar estos enfoques en nuestras acciones climáticas cotidianas.

Este artículo se baso en extractos de PUEBLOS INDÍGENAS Y MUJERES EMERGEN CON FUERZA TRAS UNA COP QUE NO ESTUVO A LA ALTURA DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA, escrito por Yanina Paula Nemirovsky de Action LAC y Fundación Avina y publicado el 8 de Enero. El texto del evento paralelo fué escrito por representantes de CDKN.