Género, pobreza y pueblos indígenas son ejes claves para cumplir con las metas globales en materia climática. Así lo ha dejado establecido el Acuerdo de París (Naciones Unidas, 2015), a través del cual sus partes firmantes reconocen la importancia de incluir estos tres ejes dentro de sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (National Determined Contributions, en adelante NDC) y también en sus políticas públicas de cambio climático. Entonces, ¿qué tan avanzados están los países latinoamericanos en incluir a mujeres e indígenas en las políticas climáticas? ¿Cuánto han hecho para garantizar que las políticas climáticas también aborden la pobreza? Aquí, ofrecemos una breve descripción del progreso en la región.

Paz González y Yanina Nemirovsky de AVINA/ACTIONLAC nos aportan ejemplos concretos de los vacios presentes en las NDCs sobre estos temas. Este blog pertenece a la serie de opiniones sobre estado de implementacion de NDCs en America Latina

Los guardianes de la naturaleza

Las perspectivas indígenas son importantes para el diseño y la implementación de políticas climáticas y, por lo tanto, explicamos por qué. Los pueblos indígenas contribuyen a la conservación del 80% de la biodiversidad del mundo. Esto se debe a que poseen conocimientos locales indispensables para lograr la adaptación de los ecosistemas y de las comunidades. Sin embargo, son de los más afectados por el cambio climático y han sido históricamente excluidos del modelo de desarrollo actual.

La inclusión de la perspectiva indígena en las políticas climáticas es irregular en toda la región. A algunos países les está yendo relativamente bien. La Ley de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para el Buen Vivir, sancionada en Bolivia en el año 2012, contempla los saberes, conocimientos y experiencias de las comunidades indígenas, interculturales y afrobolivianas para lograr la adaptación al cambio climático. Por su parte, en Guatemala se creó el Grupo de Bosque, Biodiversidad y Cambio Climático con el objetivo de promover el diálogo y la interacción entre diversos actores. Este grupo cuenta con una comisión de trabajo específica para la temática de adaptación al cambio climático, que busca priorizar temas vinculados a grupos indígenas y también cuestiones de género (Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático. 2016)

Por otro lado, en Costa Rica, el Programa de Mediadores Interculturales es un ejemplo de participación e integración de pueblos originarios en las políticas públicas. Este programa incorporó conocimientos ancestrales a la Estrategia Nacional de REDD+ y las políticas de manejo de bosques. En Colombia ha ocurrido un proceso similar con la iniciativa Visión Amazonía, que busca integrar saberes indígenas sobre manejo de bosques (Participación ciudadana; Cambio climático; Sociedad civil; Gobiernos; Sostenibilidad - BID 2019) .

Equidad de género como acción climática

Las mujeres, en especial las que viven en países en desarrollo, sufren impactos diferenciados debidos al cambio climático. La discriminación basada en el género, la violencia, la división sexual del trabajo son algunos factores que contribuyen a aumentar su vulnerabilidad. Existen muchas evidencias de las distintas formas en que el cambio climático las afecta. Por ejemplo, mujeres, niñas y niños tienen 14 veces más probabilidad de morir que los varones durante desastres y son más vulnerables a la violencia y al acoso sexual durante crisis humanitarias y desastres naturales (Género y Cambio Climático en América Latina, 2016. CDKN).

Como las responsables del cuidado de la familia, en especial en zonas rurales, las mujeres frecuentemente trabajan más horas no remuneradas en actividades domésticas. El acarreo de agua es un ejemplo de cómo el cambio climático impacta en las mujeres: ellas son las encargadas de proveer agua para sus familias y cada vez deben invertir más horas en esta tarea, por la falta de acceso al agua, agudizada por el cambio climático. Sin embargo, a pesar de estos factores, las mujeres son la base de la economía de autoabastecimiento, cumplen roles vitales en la defensa de los territorios y las comunidades y poseen y trasmiten los saberes ancestrales.

El Acuerdo de París menciona que los estados deben promover la equidad de género e incluir medidas de adaptación en este sentido (Naciones Unidas, 2015). A pesar de ello, muchos países de la región, como Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, El Salvador y Guatemala, presentan escasa o nula perspectiva de género en sus NDC.

Como contrapartida, otros países integran esta perspectiva, no solo en sus NDC, sino también en sus políticas públicas. Ejemplos de esto son Costa Rica, México y Ecuador , quienes reconocen en sus NDC el rol transformacional que tienen las mujeres para la acción climática. En materia de política pública, la inclusión de la perspectiva de género en la región también es heterogénea. No todos mencionan la necesidad de orientar sus políticas bajo este prisma y muchos de los que la reconocen no especifican planes de acción que garanticen esta inclusión.

Ejemplos de integración de la cuestión del género en las políticas públicas de cambio climático lo da México, con su “Programa Especial de Cambio Climático 2014 – 2018” (Gobierno de México. 2016) . Este programa cuenta con un apartado sobre mujeres y cambio climático con líneas de acción específicas: una para jefas de hogar y otra para promover programas de autoconstrucción y títulos de propiedad para mujeres en condición de pobreza. Países como Paraguay y Chile han incorporado la perspectiva de género en políticas puntuales, como en la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+) y la creación de la Agenda de Energía y Género respectivamente (Gobierno de Chile 2018).

En Colombia, el Proyecto de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima tiene como objetivo desarrollar planes de resiliencia al cambio climático y reducción de la desigualdad de género en Popayán, departamento del Cauca. Este proyecto fue llevado a cabo por órganos estatales en colaboración con instituciones de la sociedad civil. Además, para su implementación se buscó la articulación entre la ciencia y el conocimiento local.

Pobreza: la gran deuda pendiente

La pobreza es un factor que agudiza la vulnerabilidad frente al cambio climático. Las personas en condición de pobreza sufren los mayores impactos: viven en zonas altamente vulnerables, no poseen recursos para adaptarse y tienen dificultades para acceder a infraestructura y servicios básicos.

En América Latina, son pocos los países que han avanzado en la incorporación de medidas y objetivos específicos relacionados con la disminución de la pobreza. Nicaragua y Perú han incluido estos objetivos en sus NDC.

Si nos fijamos en políticas y programas específicos, podemos ver ejemplos de buenas prácticas que podrían informar los esfuerzos futuros. En el caso de Nicaragua, a través del Programa Socio Ambiental y Desarrollo Forestal, que plantea como objetivo de su estrategia la reducción de la pobreza, se han implementado medidas como la cosecha de agua, el desarrollo de obras hidráulicas y el fomento de la educación ambiental, disminuyendo así los riesgos ante eventos extremos. Perú, por su parte, cuenta con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, una de cuyas funciones es “servir de instancia de consulta para la formulación de planes nacionales, departamentales y locales” 

Un largo camino por delante

América Latina tiene grandes desafíos por delante para integrar las perspectivas de género, pobreza y pueblos originarios en sus NDCs y sus políticas públicas. Si bien se han producido progresos en la región, todavía son insuficientes. E incluso más si se tienen en cuenta las NDCs, que todavía deben incorporar estos temas como marco para su acción climática.