El 22 de Abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú.  En jornada celebratoria organizada por la CEPAL, países reafirmaron la importancia del primer tratado ambiental de la región y su compromiso con la protección del planeta y de las personas que lo defienden. Pero, ¿cuales son los desafíos? Informa María José Pacha de CDKN.

Entra en vigor el “Tratado regional sobre el acceso a informaciones, la participación de la ciudadanía y el análisis jurídico en temas ambientales en Latinoamérica y el Caribe”, el cual es más conocido como el Acuerdo de Escazú. 

Como lo indica el texto del Acuerdo: El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

 El Acuerdo cuanta actualmente cuenta con doce ratificaciones: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. En sí, es el primer acuerdo ambiental regional en Latinoamérica y el primero en todo el mundo que contenga disposiciones específicas para proteger los derechos humanos medioambientales.

Sin embargo, muchos estados importantes de la región no han ratificado aún el acuerdo dado que consideran que sus intereses económicos, su soberanía nacional y su libertad en la toma de decisiones son afectados por las disposiciones del acuerdo.

¿Qué implica el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú tiene como finalidad asegurar la realización plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. También busca fortalecer las capacidades en estos ámbitos y fomentar la cooperación. De esta manera, el acuerdo tiene como objetivo hacer efectivo el derecho de todas las personas, y en especial de las generaciones futuras, a vivir en un medio ambiente sano y a contribuir a su desarrollo sostenible. 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL,  en su discurso  del acto celebratorio virtual el 22 de Abril indicó que ¨El énfasis del Acuerdo de Escazú en la creación y el fortalecimiento de capacidades y en la cooperación contribuye a enfrentar desafíos comunes y refuerzan la gobernanza ambiental regional. América Latina y el Caribe, por tanto, está escribiendo un nuevo capítulo en materia de fortalecimiento de la democracia ambiental y el desarrollo sostenible”.

 Un análisis más exhaustivo del acuerdo muestra la notable ambición con la que la región quiere contrarrestar los problemas existentes hasta el momento:

• El reglamento determina en detalle, qué datos están exactamente comprendidos por el derecho de acceso a la información y qué información debe ser presentada públicamente por los distintos Estados.
• El derecho de la participación previa, libre e informada es de gran importancia para la ciudadanía y los pueblos indígenas que sufren el avance de meg obras de infraestructura en sus territorios y no cuentan con herramientas para poder defenderse.
• La obligación del estado de adoptar mecanismos para proteger a los defensores de los derechos humanos en temas medioambientales contra las amenazas, las restricciones y la inseguridad es, hasta la fecha, única en el mundo. Esta disposición es especialmente importante en América Latina, la región donde más activistas ambientales son asesinados en todo el mundo.
• El reglamento proporciona una base legal para la creación de estructuras institucionales y mecanismos administrativos que sirven para reforzar el proceso de toma de decisiones políticas. Basado en la apertura, la transparencia y la participación, el acuerdo busca impulsar la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible para la región.

Entrada en vigor y confusas direcciones de algunos países

 Sin embargo la entrada en vigor del acuerdo el 22 de abril de 2021 no fue fácil, ya que estuvo marcada por un largo proceso que implicaron declaraciones eufóricas, votaciones  y denegaciones imprevistas.

 El punto de partida para la creación del acuerdo fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 2012, así como la Decisión de Santiago de 2014 que derivó de la primera. Entre 2014 y 2018, los países de América Latina y el Caribe negociaron el contenido concreto de un acuerdo ambiental regional bajo la presidencia de las delegaciones de Chile y Costa Rica, y con la inclusión de las voces de la sociedad civil, la investigación y la academia. En ese proceso de negociación la "Mesa Directiva" recibió el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). Finalmente, el acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.

Fueron precisamente los sectores de la política y la economía de distintos países que habían participado en la creación, quienes frenaron el proceso de ratificación desde que culminaron las negociaciones en 2018. El ejemplo más destacado es el de Chile, que se había mostrado como un firme defensor y principal impulsor del acuerdo durante la fase de negociación. Fue una gran sorpresa para muchos cuando Chile rechazó la ratificación en el 2020. Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente, anunció que el país pospondría su firma debido a una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país. Contradictoriamente en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, realizada en conjunto con la firma del Acuerdo,  el presidente de Chile, Sebastián Piñera fue enfático en destacar el compromiso de su gobierno con la protección ambiental presente y futura. Allamand, el ministro exterior chileno, justificó el rechazo alegando que el acuerdo infringía leyes chilenas como también intereses privados.

Por otro lado Perú, considerado el  cuarto país  más peligroso del mundo para un protector del medio ambiente no firmó el Acuerdo.  Esto llamó la atención ya que Perú fue uno de los diez países que impulsaron la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río en 2012. Asimismo, fue parte de la mesa directiva que lideró el proceso de negociación iniciado el 2014, liderada por Chile y Costa Rica. Pero el 20 de octubre de 2020 la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el dictamen para archivar su ratificación.  Esto es preocupante por la cantidad de personas y líderes indígenas que han  sido asesinados en el país por defender su territorio y ser defensores del ambiente.

En los próximos años esperamos que el Acuerdo de Escazú sea ratificado por más países de la región y que puedan implementar los mecanismos ya  definidos para asegurar.