María Inés Rivadeneira, Especialista de Género del Programa de Apoyo a las NDCs (NDC SP) del PNUD, nos cuenta sus experiencias en la COP 25 y reflexiona sobre el aporte del feminismo para enfrentar al cambio climático.

“El feminismo me ha salvado mil veces, ha sido la mejor herramienta para comprender y transformar la forma en la que miro el mundo, las relaciones entre las personas y la naturaleza, la justicia y a mí misma. La Justicia, una justicia feminista no es una necesidad, es una obligación y se extiende a todos los ámbitos de la vida”.

La COP25 fue mi primera Cumbre Mundial del Clima. Si bien he participado de otros foros internacionales, este espacio es nuevo. Aprovechando la invitación de FFLA-CDKN para ser panelista en el evento paralelo “Incorporando los enfoques de género, intercultural e intergeneracional en la acción climática” pude compartir las lecciones aprendidas del trabajo que vengo desarrollando en Ecuador para transversalizar género en la Contribución determinada a nivel nacional, como Especialista de género del Programa de Apoyo a la NDC (NDC SP). Además, participé en otros eventos relacionados con experiencias exitosas, una perspectiva crítica desde el feminismo a las acciones climáticas y los desafíos de financiar medidas que contribuyan a la igualdad de género y el efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres. También, me involucré en los procesos que lleva a cabo la Women and Gender Constituency para brindar asesoría y observar el cumplimiento de las partes a los compromisos de género en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático CMNUCC.

The Women and Gender Constituency es una de las plataformas colectivas que reúnen a alrededor 1400 de organizaciones de la sociedad civil para la observancia de las cumbres anuales de la CMNUCC. Tiene alrededor de 29 miembros y funciona como una voz colectiva que amplifica las demandas feministas sobre las acciones por el clima mediante campañas y estrategias para influir en los y las tomadoras de decisiones. Además, promueve la participación paritaria y observa el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género. Por otro lado, produce recursos informativos, genera redes de colaboración con organizaciones de base y promueven el fortalecimiento de capacidades.

Si bien la COP25 generó frustraciones con respecto al avance de metas más ambiciosas para mantener la temperatura global por debajo de los 2°c, las feministas con un arduo, incansable y estratégico trabajo consiguieron que el Plan de acción de género de la CMNUCC sea actualizado y se extienda su vigencia al 2025. Entre otros, los temas que se incluyen desde una perspectiva feminista son: transición justa mediante la integración del enfoque de derechos humanos; desafíos de los pueblos indígenas, preservación de los conocimientos tradicionales y prácticas de los pueblos indígenas, y protección para las comunidades más vulnerables; construcción de capacidades en todos los niveles y soluciones tecnológicas para las respuestas de género.

La humanidad se enfrenta al mayor desafío, su propia existencia. El cambio climático interpela los modelos de gobernabilidad, de producción, consumo y las relaciones entre y con los seres vivos. De ahí que el movimiento feminista, en su diversidad de perspectivas, propone una mirada integral. Las demandas son claras: el cambio climático impacta de manera desproporcional a la población debido a factores históricos y multidimensionales de discriminación y desigualdad; por lo que hay que actuar para erradicar sus estructuras. Estas respuestas además, deben responder a un abordaje que permita observar las condiciones de género, edad e identidad cultural.

En el panel compartido con el gobierno del Perú, país latinoamericano con una amplia experiencia en el abordaje interseccional en cambio climático, también discutimos sobre la necesidad de integrar una mirada feminista en las políticas públicas y sus instrumentos. Para alcanzar una transición justa, es indispensable visibilizar y acelerar las respuestas desde una ética feminista que integre las acciones encaminadas a alcanzar la justicia social y la justicia ecológica. Esto solo será posible si se atienden de forma simultánea a los procesos hacia el empoderamiento económico y la redistribución de los recursos, la transformación de roles y normas de género que ubican a mujeres y personas de diversa condición sexo genérica, así como minorías étnicas y otros grupos en situación de desventaja y vulnerabilidad.

De la mano, también hay que crear las condiciones necesarias para que todas las personas accedan a un trabajo digno, así como promover la corresponsabilidad en las tareas del cuidado y responder a la pobreza de tiempo de las mujeres que sostienen la vida en todas sus formas; además de actuar de manera urgente y definitiva para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y los cuerpos feminizados. Hacer frente a la violencia sexual y a la cultura de la violación es imperante en sociedades que dejan, como es el caso de Ecuador, en donde cada 72 horas existe una víctima, según datos del Centro Ecuatoriano para la Promoción y acción de la Mujer – CEPAM (642 feminicidios registrados desde el 2014 al 2019, ONU).

Por otro lado, desde el feminismo se sostiene que la aplicación del enfoque de Derechos Humanos es la solución más poderosa para hacer frente al cambio climático: jóvenes, mujeres/diversidades y pueblos indígenas demandan el derecho a la autodeterminación, a un ambiente seguro y saludable, a la gestión de la tierra y a sus recursos de acuerdo a las culturas y costumbres respetuosas con la naturaleza incluyendo destrezas, habilidades y capacidades de todas y todos. Tanto la tierra como los cuerpos de mujeres e identidades no binarias, lo mismo que los territorios requieren un ejercicio real de autodeterminación. De ahí que, las respuestas deben venir de localidades pequeñas para que las buenas prácticas escalen. Se debe reconocer que el Estado – los Estados presentan límites, por lo que debemos conseguir un compromiso triangular entre la ciudadanía, el sector privado y el estatal que generen una estructura común que viabilice una transición justa.

Si bien la transición es inevitable, la justicia es una opción y quienes impulsamos una agenda feminista para alcanzar la justicia climática, creemos que la única opción para la humidad es cambiar el sistema que genera desigualdad.