El cambio climático no es neutro al género. La desigualdad social  genera mayor vulnerabilidad en determinados grupos de la población que se sitúan en desventaja. Maria Ines Rivadeneira, Especialista en Género del Programa de Apoyo a la NDC (implementado por PNUD) en Ecuador analiza la situación en su país y comenta como el Estado esta abordando estos temas.

El cambio climático no es neutro al género. La desigualdad social marca una situación diferenciada en el ejercicio de los derechos humanos generando mayor vulnerabilidad en determinados grupos de la población que se sitúan en desventaja como son: mujeres, niñas y niños, adultos mayores, población en situación de pobreza, discapacidad, pertenencia a minorías étnicas o en situación de movilidad humana. Es así que, cuando la vulnerabilidad es mayor, los mecanismos de resiliencia disminuyen y los efectos del cambio climático incrementan para las poblaciones que sufren de marginación y discriminación.

Brechas existentes entre hombres y mujeres en Ecuador

Hombres y mujeres en el país no están en el mismo punto de partida para participar en las decisiones y los beneficios de las iniciativas por el clima.

Según datos oficiales, en el Ecuador hay una brecha del 1,5% en la tasa de analfabetismo por sexo, representando las mujeres el 6,5%, donde las mujeres indígenas (22,5%), montubias (12,7%) y afroecuatorianas (7,1%) tienen un mayor porcentaje (INEC, ENEMDU 2011-septiembre 2017). Por lo tanto, su acceso a la información, formación o participación es reducido.

Por otro lado, la brecha en la participación en el empleo entre hombres y mujeres continúa siendo significativa pese a los avances de los últimos años. El desempleo femenino se ubica en el 6% para el 2017 mientras que para los hombres es del 3,6%. En cuanto al ingreso se observa una brecha salarial por sexo para el año 2007 del 28,3% y en el año 2016 de 21,9%. Las mayores asimetrías se dan en las zonas rurales, para el año 2016 se ubicó 12 puntos por encima con un 32,9% con respecto a las mujeres urbanas con un 21,1%. Esto se traduce en que las mujeres rurales perciben el 78,1% del ingreso promedio en relación a los hombres (CNIG, Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y personas LGBTI 2018). Por otro lado, 6 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia (INEC, Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, 2011) y se registran 11 violaciones de mujeres al día, la mayoría en menores de edad (Organizaciones de Mujeres).

Otras cifras indican que las mujeres trabajan más horas por semana, cobran menos por el mismo trabajo y se registra un mayor número en situación de pobreza.Estos aspectos se exacerban en áreas rurales y en poblaciones indígenas. Como lo indica los siguientes datos:

• El 80% de la población trans no cuenta con seguro social ni privado (INEC, Encuesta de Condiciones de Vida de la Población LGBTI, 2013).
• Las mujeres en el área rural trabajan 81:36 horas a la semana, 5:48 horas más que las mujeres del área urbana.
• Las mujeres indígenas, por su doble discriminación de género y etnia, enfrentan 86:45 horas de trabajo a la semana, mientras que los hombres tienen 62:08 horas; es decir, trabajan 24:36 horas más que ellos.
• El peso de las tareas domésticas y el tiempo demandado para su cumplimiento es mayor debido al limitado acceso a los recursos como agua y servicios en las viviendas.
• Las mujeres se encuentran en la punta del Iceberg del trabajo remunerado y no remunerado representando el 34% de trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres representan el 8%.
• Los hombres se ubican en la base con el 37% de trabajo remunerado, mientras que las mujeres representan el 21%.
• Por otro lado, en cuanto a la condición de pobreza y uso del tiempo por sexo, el 66% de mujeres vive en condiciones de pobreza, mientras que esta cifra en los hombres es del 11% (INEC, Encuesta del Uso del Tiempo, 2012).

Ello demuestra que, tanto la sociedad como el Estado han dejado en las manos de las mujeres las tareas del cuidado de las personas, limitando sus posibilidades de crecimiento personal, laboral y perjudicando su salud y bienestar.

Las mujeres como agente de cambio

Paradójicamente, pese a la desigualdad en el orden de género, las mujeres son cada vez más reconocidas y valoradas como agentes de cambio gracias a sus conocimientos sobre el uso sostenible de la diversidad biológica, a sus prácticas de conservación, a la generación de capacidades resilientes, desarrollo de respuestas comunitarias, tecnológicas y de gobernabilidad tanto en la mitigación y adaptación al cambio climático. Como ejemplos del interés en considerar a las mujeres como partícipes de las acciones por el clima, en el Ecuador tenemos a los proyectos de REDD+, agricultura sostenible, escuelas de agua, conservación de páramos, formación de capacidades adaptativas para el cambio climático, y sobre todo la primera Contribución determinada a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés), entre otras.

La valoración y empoderamiento de las mujeres, mejora su posición dentro de la comunidad, contribuye a su autonomía y al ejercicio de sus derechos. De ahí que, crear una política o promover una acción de cambio climático sensible al género implica garantizar el bienestar, la seguridad, la autonomía, y los derechos de las mujeres y personas LGBTI.

Por lo tanto, si la gestión ambiental no es sensible al género, exacerbará las brechas existentes. En este sentido, deberán ser observables los resultados en la disminución y erradicación de las brechas de género  en el acceso y calidad de la salud, educación y empleo, así como del uso del tiempo y la participación en la toma de decisiones.

De ahí que, en el marco del Programa de Apoyo a la NDC del Ministerio del Ambiente, implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país ha asumido el compromiso por la igualdad y el clima como una responsabilidad para marcar una diferencia estructural en la forma en cómo Ecuador responde a la gestión ambiental y de cambio climático.

El compromiso institucional  es clave para derribar las barreras de la desigualdad de género

Este compromiso para derribar las barreras de la desigualdad de género en la acción por el clima fue asumido de manera conjunta entre el Ministerio del Ambiente y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) el día 12 de agosto del presente año, mediante un convenio de cooperación.

El CNIG, al ser el mecanismo especializado del Estado responsable de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres y personas LGBTI, tiene entre sus funciones la transversalización del enfoque de género en la estructura estatal, formular políticas públicas para disminuir las brechas que generan desigualdad y discriminación y, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y de la población LGBTI.

Los objetivos de este convenio de cooperación son:

a. Liderar y asegurar la incorporación de las políticas de igualdad de género en el Ministerio de Ambiente para fortalecer y generar intervenciones efectivas y eficientes en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático con perspectiva de género.

b.Asegurar la incorporación del enfoque de género, así como los lineamientos de política de la Agenda Nacional para la Igualdad relacionada a género con sus respectivas actualizaciones y sus planes de implementación en la gestión del cambio climático, sus órganos de gobernanza, políticas, programas y proyectos.

c.Brindar apoyo, asistencia técnica y acompañamiento en los procesos de fortalecimiento de capacidades en género y cambio climático en el marco de sus competencias.

d.Brindar asistencia técnica y acompañamiento para la coordinación y ejecución de las políticas nacionales de igualdad de género y cambio climático a nivel subnacional y local, así como en sus herramientas de planificación y seguimiento;

c.Impulsar y fortalecer la generación de información estratégica (estadísticas e investigaciones) sobre género y cambio climático a nivel nacional y subnacional, para contribuir a superar las brechas de desigualdad.

En este sentido, las partes del convenio interinstitucional se comprometen a liderar y asegurar la incorporación de las políticas de igualdad de género en el Ministerio de Ambiente para fortalecer y generar intervenciones efectivas y eficientes en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático con enfoque de género.

De ahora en adelante, se espera que las políticas de cambio climático incorporen la complejidad e integralidad que se requiere para diseñar e implementar respuestas emergentes y estratégicas orientadas a alcanzar la igualdad de género; al mismo tiempo que se cumpla con las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y se creen capacidades resilientes.

Un esfuerzo internacional por fortalecer las NDCs

Las condiciones materiales y subjetivas para que se de este hito en la gobernabilidad de cambio climático en Ecuador se construyeron mediante el Programa de apoyo a la contribución determinada a nivel nacional implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del cual Ecuador es uno de los diez países participantes, siendo los otros Bután, Chile, Colombia, Gana, Kenia, Filipinas, Uganda, Zambia y Líbano.

Los elementos parte de la estrategia del Programa de Apoyo a la NDC que está desarrollando el Ecuador para dar un salto de la sensibilidad al compromiso por la igualdad de género y el clima son: trabajo colaborativo en red, inclusión integral del enfoque de género durante todo el proceso de formulación participativa de la Primera Contribución Determinada a nivel Nacional, construcción de capacidades técnicas en género, creación y consolidación de un mecanismo de asistencia técnica permanente de la Academia y Cooperación y participación activa de las organizaciones de mujeres.

¡Qué buenos vientos acompañen a esta responsabilidad y que el compromiso se consolide en resultados positivos para el bienestar, la seguridad, la autonomía, y los derechos de las mujeres y personas LGBTI!