Escrito por: Nelly Luna Amancio* de OjoPúblico

La minería representa el 65% de las exportaciones y es al mismo tiempo el sector con mayor número de conflictos sociales por el agua. Las principales operaciones mineras se ubican en zonas de cabeceras de cuenca de donde proviene el recurso que abastece a comunidades rurales, ciudades y la agricultura. El incremento de sequías, acentuadas por los impactos del cambio climático, agudiza la disputa. Este sector no ha presentado sus compromisos para reducir sus emisiones.

La disputa más representativa por el agua en el Perú la encarna una mujer que lucha por la intangibilidad de una laguna en las alturas de la región Cajamarca. Máxima Acuña enfrenta una batalla judicial contra uno de los proyectos auríferos más ambiciosos de la minera Yanacocha -la principal exportadora de oro en el país-. El metal que la compañía quiere extraer se encuentra en la parte más alta de una cuenca que abastece de agua a este región, debajo de la tierra que ella y su familia habitan y que la compañía reclama como suya. La comunera -que obtuvo este año el premio ambiental más importante del mundo- se resiste a abandonar sus tierras y la laguna que se encuentra a un kilómetro de su casa.

La historia de Máxima Acuña contra el proyecto Conga, de Yanacocha, representa uno de los 153 conflictos sociales por el agua que existen en el Perú, según la Defensoría del Pueblo. El reporte de esta entidad, que analizó las disputas registradas entre enero de 2011 y diciembre de 2014, menciona que los enfrentamientos por el agua representan casi la tercera parte (28%) de los 539 conflictos identificados en ese periodo de tiempo.

Estos conflictos por el recurso con la industria extractiva no son aislados, ocurren en un contexto de vulnerabilidad agudizado por los impactos del cambio climático: ausencia de lluvias e incremento de temperaturas. En los últimos 30 y 40 años se ha perdido el 40 % de la superficie glaciar. Cada vez hay menos agua en las zonas altoandinas, allí de donde proviene el agua que abastece cultivos y poblaciones. La estadística es preocupante. Entre el 2003 y diciembre de 2014 el Perú registró 613 declaraciones de emergencia por sequías: 55 por año, en promedio. La mayoría de estas se concentraron en la zona sur andina, la región que concentran algunas de las operaciones mineras más importantes y también las comunidades rurales más propensas a estos impactos.

El 95% de los habitantes del Perú utilizan agua que proviene de las zonas altoandinas (cabeceras de cuenca), según un informe del Programa de las Naciones Unidas, del 2013. Las permanentes sequías, el retroceso de los glaciares y la reducción de las lluvias acentuadas por el cambio climático acompañan los conflictos por el recurso entre las comunidades y la industria extractiva.

El Perú -como parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático- se ha comprometido a reducir en un 30% sus emisiones proyectadas al 2030. Estos compromisos son conocidas como iNDC (Intended Nationally Determined Contributions, por su definición en inglés). ¿Cuál es la estrategia y los compromisos del Estado para adaptarse a estos cambios y reducir emisiones?

COMPROMISOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Varios sectores -agricultura, bosques, energía y la pesca- se han comprometido en el país a mejorar sus procesos con el fin de reducir sus emisiones y alcanzar la meta proyectada; sin embargo, la minería no.

La minería aporta el 4% de las emisiones en Perú y la pesca 0,29%, pero solo la segunda presentó contribuciones para reducirlas. ¿Por qué no? El viceministro de gestión ambiental, Fernando León, explicó a Ojo-publico.com: “Las contribuciones [para reducir emisiones] se definieron por propuesta de los sectores, más que una imposición nuestra. Los sectores ha identificado sus compromisos”. Por su parte, Rosa Morales, directora del programa de cambio climático del Ministerio del Ambiente, sostuvo que la minería no “es un sector intensivo en emisiones, y que por eso con ellos, el tema va más por el tema de la adaptación”.

En el documento de las contribuciones nacionales del Perú (iNDC), se menciona que en las regiones de la sierra las precipitaciones anuales mostrarían deficiencias entre 10 % y 20 %. Entre los compromisos de contribuciones de adaptación para el agua se encuentran la adopción de mejores tecnologías de riego tecnificado que incluyen consideraciones de adaptación al cambio climático e incrementar el número de metros cúbicos de agua almacenada (lagunas, estanques, reservorios). Estos compromisos, sin embargo, están en manos de los sectores agricultura, no de minería.

LOS CONFLICTOS POR EL AGUA

La ONG Cooperacción analizó en un informe la situación del manejo del agua y los impactos en dos cuencas sensible para el país: Río Grande (Cajamarca) y Cañipía y Salado (Cusco). En ambos casos encontraron que la población local recibe agua que las compañías mineras bombean porque las fuentes de agua originales están desapareciendo por el impacto de la actividad minera.

El reporte de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos por el agua lo aclara. Los 153 conflictos reportados en el informe involucran a 86 empresas: 58 corresponden al sector minero (30 nacionales y 26 extranjeras), 11 se dedican a la explotación de hidrocarburos (10 nacionales y una extranjera), 12 al sector energía (8 extranjeras y 4 nacionales) y 4 empresas a otros rubros.

De estas, las que registran la mayor cantidad de conflictos son: la compañía minera Southern Perú Copper Corporation (8 casos, compañía del Grupo México es uno de los productores de cobre más grandes del mundo y que tiene operaciones en Cajamarca, Apurímac, Moquegua y Tacna), y la minera Barrick Misquichilca S.A. (6 casos, compañía de capitales canadienses). Mientras que en hidrocarburos, la empresa Pluspetrol Norte (de origen argentino), registró 6 conflictos en Loreto.

La cuarta parte de estos conflictos (26%) es liderado por comunidades campesinas, un 21% por frentes de defensa y un 8% pueblos indígenas. ¿A quién le compete atender estos conflictos? Según el reporte de la Defensoría, 96 de ellos a los gobiernos locales, 77 al Ministerio de Energía y Minas, 57 a los gobiernos regionales y 35 a la Autoridad Nacional del Agua, el resto, corresponde a otras entidades del Ejecutivo.

LOS USOS POR EL AGUA

Las fuentes de agua tienen origen glaciar o las lluvias. Y en el Perú, los primeros retroceden y las lluvias cada vez son menores en el sur andino. La entidad encargada de gestionar el recurso en el país es la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Ojo-publico.com solicitó una entrevista con el representante de esta dependencia adscrita al Ministerio de Agricultura, para conocer cómo priorizan las cabeceras de cuenca y cuántas autorizaciones de licencias de uso de agua han entregado para la minería, pero señalaron que tenían una agenda recargada y respondieron las preguntas por escrito.

De acuerdo a la información alcanzada por la ANA -que data del 2014-, han autorizado licencias de uso de agua por 24.094 millones de metros cúbicos en todo el país; y de este total, el uso minero representa el 3,6% y el uso agrícola el 74%. Sin embargo, si hacemos los desagregados por regiones y cuencas encontramos usos más diferenciados. En la cuenca Pampas-Apurímac, los volúmenes de uso autorizado para la minería representan el 28%; en el Mantaro, el uso minero representa el 19%, y en la cuenca Caplina - Ocoña, el 7%.

Dos de las compañías mineras más importantes ubicadas en la zona sur andina son Southern (Moquegua y Tacna) y Cerro Verde (Arequipa). Según la ANA, Southern tiene autorizado 6 licencias de uso de agua por 121 millones 445 mil metros cúbicos; y sostiene que el 92% de este volumen proviene de agua desalinizada del mar y casi el total del resto del acuífero.

En el caso de Cerro Verde, subsidiaria de la estadounidense Freeport McMoRan, tiene 4 licencias de uso de agua autorizadas por 30 millones de metros cúbicos para usar aguas superficiales y más de 13 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas.

¿QUIÉN FISCALIZA?

“La ANA debe fiscalizar lo que dice la licencia de agua. Y la fiscalización se basa en los estudios de impacto ambiental y este documento es elaborado por la empresa minera, y para mí ese es el problema. El estudio de impacto ambiental se ha convertido en un instrumento de gobernabilidad para la toma de decisiones de fiscalización, pero no entendemos que finalmente estos son pagados y realizados a pedido de las empresas”, dice Ruth Preciado, especialista el tema y autora del informe “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú”.

La especialista cuestiona que no haya estudios de balance hídrico actualizados que permitan tomar decisiones informadas sobre la aprobación de actividades mineras. Según el ANA, hay 37 estudios hídricos actualizados, pero Ruth Preciado considera que no es suficiente. “¿Con qué información un funcionario público va a tomar decisiones a futuro o cómo va a contrastar la información que la minera entrega en el Estudio de Impacto Ambiental sin los datos actualizados sobre el comportamiento del agua en la cuenca? En la ANA están tomando las decisiones sin información y con plazos muy cortos”, dice Preciado.

¿Cómo priorizar el uso del agua? “Para que nuestro país sea próspero y moderno debe haber un equilibrio entre las actividades económicas y el agua para el consumo humano”, dice el viceministro de Ambiente, Fernando León. “El país tiene dos focos de sequía en el norte y sur. En el norte, el reservorio de Poechos está al 19% de su capacidad; el de Tinajones, al 12%; y Gallito Ciego, al 44%. Si estos reservorios están tan por debajo de su capacidad la ley menciona que se prioriza el consumo humano”. Y en Arequipa, los embalses están al 50% de su capacidad de almacenamiento.

El reto -sostiene el viceministro León- es cómo enfrentar la sequía. Los mayores usuarios del agua son pequeños agricultores que no pueden pagar tecnologías más eficientes. Hay 53 cuencas hidrográfica en la costa, la más importante son el Santa, Chira, Rímac. En esos casos, la estrategia para enfrentar la falta de agua por el cambio climático “es la construcción de represas”, dice Rosa Morales, directora del programa de cambio climático del Ministerio del Ambiente.

“El presente reportaje se realizó gracias al apoyo de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) en el marco del proyecto “Capacitación a periodistas sobre la implementación de NDCs en América Latina”

*Nelly Luna es reportera especializada en temas ambientales, pueblos indígenas y derechos humanos.  Colaboradora de la BBC Mundo. Durante 10 años escribió crónicas y reportajes a profundidad en el diario El Comercio, de Perú. Sus textos han sido reconocidos con premiso nacionales e internacionales, como el de la Sociedad Interamericana de Prensa (2006) y el de periodismo científico entregado por el Instituto de las Américas y la Fundación Jack Ealy (2009).